La ausencia de un marco normativo que otorgue transparencia y claridad a los fondos públicos destinados a publicidad promueve decisiones arbitrarias y facilita el uso de la pauta oficial como instrumento de presión o promoción política. Esta insuficiencia legal promueve la discrecionalidad, atenta contra la transparencia y facilita posibles actos de corrupción, circunstancias que se ven intensificadas durante las campañas electorales.
Para graficar esta situación, basta con ver el incremento en el gasto en publicidad oficial por parte del Gobierno, el cual comenzó siendo de 46 millones de pesos en 2003 y terminó con más de 270 millones en 2007. Ese monto creció progresivamente hasta llegar a $395,3 millones en 2008, lo que representa un gasto de algo más de un millón de pesos diarios y una suba del 754% respecto de 2003.
La pauta oficial debería responder al principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, pero resulta evidente que el gobierno nacional la maneja con un criterio absolutamente arbitrario y discrecional.
El año pasado presentamos en la Cámara de Diputados de la Nación un Proyecto de Ley regulando la Publicidad Oficial originada, promovida y/o contratada por el Gobierno Nacional, proyecto que jamás fue tratado en Comisión. En lo que respecta a la publicidad oficial durante procesos eleccionarios, el proyecto busca impedir que el sector público aumente desmesuradamente los niveles de ejecución presupuestaria, a los fines de congraciarse con los medios de comunicación y lograr su apoyo. Previniendo esta situación, el proyecto establece que no se podrá contratar pautas o espacios en los medios de comunicación en periodos electorales nacionales, es decir, los treinta y dos (32) días previos a la fecha fijada para el comicio y el día mismo de la votación.
Asimismo, el proyecto prohíbe toda publicidad oficial que se identifique con partidos políticos, candidatos y/o funcionarios. De esta manera pretendemos garantizar que la Publicidad Oficial no sea un instrumento de propaganda proselitista en manos de un gobierno inescrupuloso, que se escuda en la “discrecionalidad”. La publicidad oficial no debe promover los intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión, ni mucho menos “premiar” o “castigar” a los medios de comunicación según sean más o menos “oficialistas”.
El gasto en campaña del empresario De Narváez, que cuenta con una fortuna estimada en US$ 200 millones, resulta equiparable al uso que hace el gobierno nacional de fondos públicos con un fin electoral, en tanto torna la campaña en una competencia desigual. El dueño del Canal América ya ha superado la obscena cifra de 44 millones de pesos en posicionar su figura, incumpliendo la ley de financiamiento de partidos, que fija un tope de 1,5 pesos por elector, lo que serían unos 15 millones en la provincia de Buenos Aires.
Las millonarias apuestas por posicionar sólo imágenes y consignas vacías demuestran la incapacidad del Partido Justicialista, en cualquiera de sus variantes, de darle contenido político a la pugna electoral. Esto queda evidenciado en la cómoda y lamentable resignación ideológica en que se encuentra instalado desde hace muchísimos años el PJ y que se expresa en el sucesivo encolumnamiento detrás de metas individuales (llámese kirchnerismo, duhaldismo, menemismo, o cualquiera de sus futuras variantes) que nunca tuvieron la voluntad -ni la van a tener- de articular un proyecto colectivo, popular y nacional capaz de motorizar políticas estructurales de desarrollo en pos de un modelo de país integrador y socialmente justo.
Virginia Linares
Diputada de la Nación
Silencio, sin palabras 